«Como si no bastaban los intentos de la compañía Monsanto de modificar la ley de semillas nacional, de presionar a funcionarios, entidades y productores para firmar innumerables acuerdos privados contrarios al marco legal argentino, de presionar a los pequeños y medianos criaderos nacionales con retirar las licencias tecnológicas, de embargar y detener las importaciones de soja y derivados de la argentina en tribunales europeos (recordemos que Monsanto perdió el juicio en Europa), ahora promueve mediante la firma de un convenio un acuerdo de uso de Soja BTRR2, que todavía no está comercializando, y cuyas cláusulas leoninas y monopólicas nos retrotraen a principios del siglo XX». Así lo indicó un comunicado difundido por Federación Agraria (FAA).
«No estamos discutiendo la biotecnología en si misma, la cual apoyamos y alentamos bajo otro modelo de desarrollo. Lo que estamos discutiendo es el modelo Monsanto y sus consecuencias para los países y los agricultores», apuntó FAA, para luego agregar que «el convenio Monsanto dividió al país en dos zonas: norte y sur, pretendiendo lograr acuerdos con los productores en él 80 % del área sur de soja Argentina para Agosto 2011 y en el 80 % del área de soja del norte Argentina para Junio 2011».
En el borrador del acuerdo citado Monsanto condiciona el uso por parte del productor de la Soja BTRR2 a una serie de condiciones:
a) Adquirir las semillas de soja con tecnología Soja RR 2Y/Bt. Solamente podrán hacer uso de estas tecnologías las personas jurídicas y o físicas que hallan optado por este sistema (acuerdo privado) y lo cumplan. «En este punto del convenio claramente avanza sobre la ley nacional de semillas y demás normativas. Para el uso de una variedad de semillas por parte del agricultor, no se necesita firmar ningún convenio o contrato. Aprobada la semilla por el organismo técnico correspondiente y autorizado la comercialización por el INASE, el productor al comprar la semilla fiscalizada y legal en la bolsa accede sin más trámite y requisito a esta tecnología. Cualquier otra pretensión, condición o limitación al acceso a la tecnología va en contrario de la Ley de semillas n° 20.247, decreto reglamentario n° 2.183/91 y Convenio UPOV 1978, y confirma presunciones que estas empresas limitan el acceso a las tecnologías de los pequeños y medianos productores», señaló el comunicado de FAA.
b) Comercializar el grano obtenido con aquellos exportadores o elevadores participantes del Sistema. «Este inciso del convenio citado es muy grave. Para la historia federada es volver a 1912, cuando los arrendatarios no tenían libertad de cosechar, comercializar, de vender, etc. Además se convalidaría una extensión de la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en si mismo, extendiéndose al control sobre la comercialización de lo producido. Apelamos en forma urgente a que las autoridades Argentinas intervengan ante esta situación, dado el peligro de apropiación de derechos y concentración económica que conlleva esta situación», dijo FAA.
c) Utilizar las tecnologías BTRR2 o georeferenciar conjuntamente con Monsanto, los exportadores y elevadores del sistema los lotes del productor durante la siembra de la soja y las semillas a comercialización. «Esta cláusula va en la misma línea que la anterior. Son excesivas, abusivas y tienden a controlar el proceso productivo y a convertir al agricultor en inquilino de Monsanto», explicó.
d) Podrá pagar la tecnología en el momento de comprar la bolsa, al declarar el uso propio para la siembra o al comercializar el grano en el punto de entrega. «La FAA -en coincidencia con el actual sistema legal- sostiene que se debe pagar la semilla en la bolsa al momento de comprar la misma y no corresponde o es improcedente cobrar ningún tipo de regalías luego que el productor haya efectuado el pago de la compra de semilla fiscalizada. Por otra parte estamos absolutamente en contra de la derogación del uso propio gratuito de semillas (el objetivo de fondo detrás de argumentos que ensalzan a la tecnología y el futuro es avanzar hacia un sistema de patentes biotecnológicas en variedades vegetales). No creemos que se puedan aceptarse limitaciones cuantitativas al derecho del agricultor, bajo ningún justificativo. El uso propio gratuito de semillas, no es ni más ni menos que un reconocimiento milenario a los agricultores de ayer y del presente, por el aporte al desarrollo tecnológico (germoplasma) que estos últimos han realizado. Eliminar este derecho nos parece a todas luces injusto y sin una justificación o motivo alguno que lo autorice», indicó FAA.
e) De no haberse abonado la regalía correspondiente con anterioridad al momento de entrega de los granos al exportador/elevador participante del sistema, el monto adeudado en tal concepto será percibido por dicho participante y reemitido al proveedor. «Esta cláusula es muy preocupante. Estamos frente a una alianza entre una semillera multinacional y compañías exportadoras de granos con el objetivo de cobrar regalías -que no corresponden cobrar bajo ningún punto de vista- en forma automática sobre los granos que comercializa el propio agricultor. Queda demostrado de esta manera el intento o modelo de Monsanto de pretender cobrar regalías sobre las exportaciones, (sobre el cual funda e inicia el juicio a las exportaciones sojeras argentinas en los tribunales europeos, que fuera rechazado oportunamente por la justicia europea). Es un claro intento de reemplazar las funciones del Estado por las exportadoras. Dejar sentado este precedente es muy peligroso para la Argentina y los agricultores», señaló FAA.
f) Pactándose asimismo que la ejecución del laudo arbitral dictado (BCR y BCBsAs) se efectuará ante los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Bs As, con expresa renuncia a cualquier otro fuero. «Este punto significa lisa y llanamente una trampa y una falta de igualdad de oportunidades en la defensa. Para una empresa multinacional litigar en la Ciudad de Bs As es muy conveniente, dado que tienen organizado en esa ciudad importantes estudios jurídicos con la capacidad de presionar a los tribunales arbitrales y al sistema judicial. Para los agricultores del interior del país es muy costoso y difícil llegar a litigar en esa Ciudad. Por lo tanto es una ventaja que favorece a la empresa que va en contra del derecho a la defensa del agricultor», comentó FAA.
«La semilla, la biodiversidad, los recursos genéticos y la biotecnología son estratégicos para la Nación. Nuestro gran desafió es pensar en un desarrollo de la innovación tecnológica en vegetales que nos permita alejar a la misma de la amenaza de quedar atrapada por sistemas de patentes e intereses corporativos cuyo máximo objetivo es monopolizar y apropiarse de la biotecnología. Queremos promover una biotecnología desde una perspectiva más democrática, plural, con diseños y acuerdos institucionales que permitan participar y beneficiar a todos los actores involucrados en la innovación tecnológica, sin exclusión de nadie, teniendo como horizonte el desarrollo equitativo nacional», indicó el comunicado.
«Por todo lo expuesto solicitamos urgente intervención del Ministerio de Agricultura de la Nación y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) con la finalidad que declare ilegal el Convenio – Acuerdo que está impulsando Monsanto, que afecta seriamente a los derechos de los agricultores y desconoce el sistema legal argentino. Instar a todos los agricultores del país a no firmar bajo ningún concepto el convenio citado, amparándose en la ley de semillas n° 20.247», finalizó.
Fuente: Infocampo
