La Suprema Corte de Justicia bonaerense, en la causa «Sffaeir, Carolina contra Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada (CECH). Despido», ratificó su doctrina en lo relativo a la aplicación de la ley 23.592 en el ámbito de las relaciones laborales y rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada. En el caso, por no mediar controversia respecto de la configuración de un despido discriminatorio -al quedar consentida la decisión del Tribunal de grado de caracterizar como tal a un despido represalia- declaró la procedencia de los reclamos por reinstalación y resarcimiento del daño moral, por lo que la Cooperativa deberá reincorporar a una empleada echada hace diez años.
Había sido despedida una década atrás como represalia por haberle iniciado un juicio.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a donde llegó el caso luego de que la institución de Chacabuco decidió apelar a una resolución que en 2007 había emitido el Tribunal de Trabajo de Junín.
El hecho tuvo como protagonista a una empleada de la Cooperativa, cuyo marido falleció en octubre de 2001 a causa de una electrocución mientras trabajaba con un chimango en un establecimiento rural. En aquel momento, la mujer inició un juicio contra la institución por considerar que tuvo responsabilidad en el deceso. La respuesta fue responder a la demanda despidiendo a la empleada.
En su fallo, los jueces señalaron que la cesantía fue una represalia contra la acción judicial que se le inició a la institución. Ante esto, la mujer debió iniciar un nuevo juicio, esta vez por discriminación laboral.
El derecho a la no discriminación es un derecho humano fundamental y, en particular, un derecho fundamental en el trabajo, expresó la sentencia de los magistrados. Más adelante, se apeló a uno de los artículos de la ley 23.592 -conocida como Ley Antidiscriminatoria- para dar a entender que, en este caso, el despido operó como una sanción al haber ejercido la demandante su derecho constitucional a peticionar ante la Justicia.

*Reparar el daño moral y material ocasionado
Tal artículo expresa que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
El fallo en cuestión fue emitido el 8 de agosto pasado, y quedó firme días atrás, por lo que ya está corriendo el plazo para que la Cooperativa cumpla con lo dispuesto por la Suprema Corte. El caso generó interés en ámbitos judiciales ya que no existirían muchos antecedentes similares.