Con apoyo de la mayoría de las bancadas, salvo del Frente Renovador y la izquierda, y gran presencia de trabajadores en torno a la Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de paritarias municipales, que ahora espera el visto bueno del Senado para convertirse finalmente en ley.
Tras varias semanas de negociación, finalmente los diputados arribaron a un acuerdo para que la mayoría de las fuerzas acompañen al oficialista Hernán Doval y su proyecto, que sufrió varias modificaciones, fundamentalmente las que apuntaban a respetar las autonomías municipales y permitir la participación de otros gremios que no sean municipales.
Tal como se venía adelantando las negociaciones serán a nivel local y se conformará un Consejo Provincial Consultivo que no será vinculante. En principio, para ambas instancias preveía que solo participen los gremios municipales pero ante la presión de ATE y del bloque del FAP se plasmó que sean “estatales” en general con el 10 por ciento de representación. Incluso se agregó que sean “afiliados licitantes” para bajar el techo.
También se modificó el sistema de licencias a pedido de Unión Celeste y Blanco debido a que preveía más días que los que hoy día tienen los estatales. Estos y otros cambios permitieron que casi todos los bloques acompañen la iniciativa que deroga la ley 11.757 que la Corte bonaerense encontró inconstitucional en uno de sus artículos porque vulneraba la autonomía municipal, después de 20 años de sancionada.
La única bancada que rechazó el proyecto fue la del Frente Renovador aduciendo que es inconstitucional cuando este martes uno de sus intendentes, Mario Meoni de Junín, se mostró a favor. Esta disidencia no hará fracasar el tratamiento y aprobación del proyecto pero sí podrá traer consecuencias en el Senado donde el massismo tiene mayor representatividad.
La iniciativa original de Doval, que entre otras cosas establecía una instancia paritaria provincial y un piso de antigüedad del 3 por ciento, sufrió numerosas modificaciones, muchas de ellas impulsadas por los intendentes del propio oficialismo, otras obligadas a raíz del fallo de la Suprema Corte bonaerense que declaró inconstitucionales varios artículos de la ley 11.757 (actual estatuto municipal) por violar la autonomía municipal.
De esta forma, las paritarias provinciales no son “vinculantes” y el piso de antigüedad quedará sujeto a la paritaria local, mientras que se incluye un “capítulo supletorio” con una serie de disposiciones sobre las condiciones de contratación, permanencia y condiciones laborales de los empleados, que luego las comunas deberán reemplazar con una ordenanza provincia.
Tras la aprobación de la ley, las comunas tendrán 90 días para adecuar su marco normativo e incorporar el mecanismo de negociación colectiva. En caso de que en el marco de esos encuentros no se arribe a ningún acuerdo, será el Ministerio de Trabajo bonaerense quien actúe como mediador.

VOCES EN EL RECINTO
En la sesión de hoy, Doval dijo que la ley “va a permitir el empoderamiento de los trabajadores para discutir y consensuar las mejoras en sus distritos Consejo Provincial”. En ese sentido agregó que “es un salto cualitativo no solo para los trabajadores sino para la calidad de las municipalidades. Creo que es una ley kirchnerista que restituye derechos a los trabajadores pero también es una ley sumamente peronista y digna de Crisólogo Larralde, como también de Antonio ‘Cholo’ García”.
Mientras que el radical Jorge Silvestre sostuvo que “esta ley no es de un solo color político, es de todos los bloques”, su par del FAP, Rubén Grenada se refirió en el mismo sentido y aseguró: “No es ni peronista ni kirchnerista, es una ley de la madurez política de los distintos actores de la provincia hoy aquí presente. Restituye varios derechos pero el más importante es el de la estabilidad laboral”.
En tanto, Christian Castillo, del Frente De Izquierda y Trabajador, se opuso al proyecto porque no se puso un piso salarial de referencia y no se restituyó el 3 por ciento de antigüedad, un reclamo histórico.
Finalmente, Fernando “Chino” Navarro, explicó que no se puede establecer un piso provincial porque sería contrario a lo que determinó la Corte Pero aclaró que “se establece algo mejor que es un piso que es el salario mínimo vital y móvil”. Y sobre las críticas que recibieron sobre los años 90, agregó: “Nos hemos hecho cargo de los errores cometidos pero los bloques que alegremente recuerdan eso tuvieron la oportunidad siendo mayoría de modificar esta ley. Si hoy tenemos ley es porque estos compañeros lucharon. Si hay un verdadero dueño y quien deba llevarse los aplausos de esta media sanción son los empleados municipales que nunca dejaron de luchar”.