Tras una reunión del Gabinete bonaerense por la Ley de Hábitat Social, el gobierno de Daniel Scioli explicó que «no se afectarán derechos adquiridos ni la propiedad privada.
La reglamentación de la Ley de Hábitat, una vez aprobada, aclarará que no existe la obligación de la cesión de tierras, sino una contribución económica al municipio siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras. Además, no se afectarán derechos adquiridos ni la propiedad privada.
Así fue anunciado por el Gobierno bonaerense luego de que el Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, encabezara una reunión junto a funcionarios del Ministerio de Economía, de Infraestructura, de Gobierno, la Secretaría Legal y Técnica, y ARBA para abordar aspectos de la Ley de Hábitat Social.
Según informaron una vez finalizado el encuentro, en la reunión trabajaron para encontrar un «equilibrio» entre los emprendimientos productivos y las soluciones al déficit habitacional como propone el proyecto de ley.
Operativamente, publica un portal porteño, se decidió modificar el proyecto de ley impositiva en tratamiento en la Legislatura, no aplicando el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales en el segmento del impuesto inmobiliario baldío. De esta manera, se pretende «evitar una desmesurada carga tributaria sobre las mismas y contribuir, una vez sancionada la ley, a la creación del fondo fiduciario que financiará la erradicación y urbanización de asentamientos en la Provincia”.
Por otro lado, siguiendo el espíritu del proyecto de Ley, pero remarcándolo taxativamente, el Poder Ejecutivo, al momento de la reglamentación, establecerá que «no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad».
La información se dio a conocer luego de que este martes Scioli dijera que la ley, con media sanción en la Legislatura provincial, no viola la propiedad privada ni los derechos adquiridos, aunque deslizó la posibilidad de que pueda realizarse un veto parcial de la norma, que entre otras iniciativas, plantea que los countries deban donar una porción de tierras para la construcción de viviendas sociales.