Los últimos y gravísimos casos de ataques de perros de razas definidas motivaron un proyecto de declaración de la senadora María Isabel Gainza (Coalición Cívica / ARI)  en el que se insiste con la reglamentación de la ley 14.107, sobre la tenencia de animales pertenecientes a razas caninas potencialmente peligrosas. La primera declaración, elevada el año pasado, terminó enviada por el Ejecutivo en una dependencia aparentemente equivocada.
Se trata de “insistir en la necesidad impostergable de preservar la salud de la población a través del registro de quienes poseen ejemplares caninos de razas potencialmente lesivas” pero demás de “preservar la salud institucional al entender que el Poder Ejecutivo no puede dar por atendida una declaración” emanada del Senado “al remitir el expediente a una dependencia que no reconoce competencia en la materia”.
Mientras se observan esos errores administrativos, informes periodísticos hacen referencia a que en la provincia de Buenos Aires miles de personas son agredidas por perros y resultan con lesiones de diversa gravedad.
“Está claro que son frecuentes las noticias sobre daños, en ocasiones irreversibles, que sufren muchas personas a partir del ataque de estos animales”, resaltó Gainza.