La Presidenta de la Nación anunció por cadena nacional días atrás el lanzamiento del programa Hogar, con el objetivo principal de terminar con la especulación de los vendedores de garrafas. En este sentido, el Gobierno decidió subsidiar al consumidor y no a las empresas, ya que éstas no respetaban los precios establecidos.
Según indicaron desde organismos nacionales, como Anses, aquellas personas que ya recibían un beneficio del Estado o están percibiendo jubilaciones o pensiones, iban a obtener el subsidio de $77 de manera automática, mientras que el resto debía realizar un simple trámite con el fin de que se le abra una cuenta bancaria para que se le efectivicen los depósitos mes a mes.
Por otro lado, el Gobierno fijo el precio de la garrafa de 10 kilos en $97. Sin embargo, nada de esto sucedio de manera plausible. Los valores del gas envasado se dispararon hasta llegar a los $170 (antes se conseguían a menos de la mitad) a pesar de que desde el área de Energía amenazaron con multas.
Además se constató que en diferentes regiones de la Provincia y del interior del país, gran cantidad de personas, incluyendo jubilados que cobran la mínima, no recibieron el subsidio que comenzó a abonarse esta semana.
Los vecinos se mostraron indignados y también se quejaron por la ausencia de canales institucionales para elevar sus reclamos. Algunos se mostraron, no obstante, esperanzados con que el Gobierno aceite los mecanismos rápidamente y corrija errores a la brevedad, ya que la situación perjudica al grupo social más vulnerable.