El proyecto para una nueva ley de semillas, que actualiza la actual normativa que tiene casi 40 años de vigencia, es analizado en el sector agropecuario y podría llegar a tratarse antes de fin de año. El actual proyecto fue elaborado por la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y presentado ante los distintos actores de la cadena en unos talleres de trabajo organizados por el Ministerio de Agricultura, que actualmente hacen sus aportes y pulen puntos en los que aún no hay consenso.
El nuevo proyecto, a diferencia de la ley actual, restringe la figura del “uso propio”, que hasta hoy habilita a que muchos productores utilicen semillas sin pagar las regalías correspondientes, además de favorecer un mercado paralelo.
Por el lado empresario, hay consenso entre las grandes semilleras como Nidera y Don Mario y firmas como Monsanto, que ven con entusiasmo la nueva ley y celebran un nuevo marco normativo que, según dicen, traerá más inversiones.
Sin embargo, la definición más acotada del “uso propio” genera resistencia en los semilleros multiplicadores, principalmente en la cooperativa AFA y la Federación Agraria, que se retiró de la negociación por considerar que “bajo la apariencia de búsqueda de consensos priman los intereses de las corporaciones sobre la soberanía nacional”.
Para obtener un panorama completo sobre la situación actual y sobre los puntos conflictivos del proyecto, LA OPINON consultó a los ingenieros agrónomos Roberto Campi, miembro de la Sociedad Rural de Pergamino y representante de Carbap, y Pedro Rimieri, del Inta, que aportaron conceptos diferentes sobre las mismas cuestiones.

Roberto Campi
El ingeniero brindó el punto de vista de la Sociedad Rural de Pergamino y Carbap; Campi señaló que: “Lo primero que habría que aclarar es que el proyecto en teoría está consensuado pero en realidad está más consensuado entre los semilleros y las empresas biotecnológicas que con los productores. Dentro de las cuestiones que se están discutiendo hay varios hechos que nos preocupan y uno de ellos es qué se entiende por productor agropecuario ya que por ahí pasa también la cuestión del ‘uso propio’: nosotros sostenemos que un productor es aquel que maneja una simiente, es una definición simple que permite determinar claramente a quién se le atribuye ese carácter; la otra postura no resulta nada clara. Hablan de ‘el que trabaja y vive en el campo’ o ‘el que vive en el pueblo más cercano’, definiciones que lo único que generan es ambigüedad. La discusión surge porque de aplicarse estas últimas definiciones podría ocurrir que los únicos que tendrían permitido el ‘uso propio’ de las semillas sean los productores inscriptos como empresas de agricultura familiar, que no producen ni cereales ni oleaginosas y que se desempeñan únicamente en un nivel de subsistencia”.
En otra parte de su entrevista con el Diario, Roberto Campi aclaró que “cuando alguien compra una bolsa de semillas está adquiriendo una unidad y no germoplasma por un lado y biotecnología por otro, que es lo que pretende la nueva ley de semillas. Por eso nosotros consideramos que eso no puede ser aceptado, fundamentalmente porque la biotecnología se rige por la Ley de Patentes y el germoplasma por la ley de semillas” remarcó.
Además, Campi comentó que “este proyecto no permite el ‘uso propio’, eso es lo más grave de todo”.
Con respecto a la biotecnología, otro de los temas  que generó encendidas discusiones, el ingeniero Campi comentó que los productores en general no están de acuerdo con que las empresas de biotecnología avancen en forma indiscriminada “porque corremos el riesgo de tener que estar matando con la azada una soja guacha, porque no habrá otra forma de matarla si se siguen acumulando un evento sobre otro, como está ocurriendo”. Y añadió que “existe un riesgo biológico, no se puede seguir amontonando genes”.