El gobierno bonaerense remitirá el 25 de octubre, apenas dos días después de las elecciones, el Presupuesto 2012, que tendrá un total de erogaciones por 110 mil millones de pesos y una necesidad de financiamiento estimada en unos 15 mil millones.
Así lo adelantaron fuentes legislativas, que explicaron además que esperan para esa misma semana la presencia del ministro de Economía, Alejandro Arlía, para explicar los alcances de la «Ley de Leyes». Además, arriesgaron que el proyecto puede llegar a ser tratado el 10 o el 17 de noviembre, aunque esa fecha dependerá de los avatares de la negociación.
Según datos, el Presupuesto elaborado por Economía superará los 100 millones de pesos y no incluirá, como en los años anteriores, el cálculo de la pauta salarial, puesto que el Ejecutivo opina que esto supondría una «imposición» del aumento salarial previo a las reuniones paritarias.
En tanto, el proyecto oficial repetirá las herramientas financieras utilizadas este año, como la emisión de letras del Tesoro y la solicitud de permisos para obtener créditos internacionales. Este último punto, sobre la hipótesis de que se aprobará un artículo dentro del Presupuesto nacional que prorroga la suspensión de la ley de Administración Financiera.
Finalmente, el Cálculo de Gastos y Recursos contemplará además la amortización de las deudas con Nación, suspendida este año merced al Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, que refinanció las deudas provinciales a 20 años y otorgó un año de gracia para el pago.
SIN REGIONALIZACIÓN
Por otra parte, el Presupuesto ideado por el equipo económico no contempla el esquema de regiones en el que viene trabajando Santiago Montoya, por lo que todo hace prever que el mismo no se aplicará a partir del año que viene como manifestó en más de una oportunidad el gobernador Daniel Scioli.
Es que el Presupuesto, considerado como la «Ley de Leyes», marca los puntos centrales de la gestión de gobierno. En ese contexto, no es un dato menor que en el proyecto no se incluya las líneas centrales de la regionalización.
Fuentes legislativas que trabajan en el proyecto indicaron que la ley marco está «prácticamente definida» en comisiones, aunque aclararon que una vez aprobada se dispondrán seis meses para la discusión en torno a la conformación de las regiones.
De todos modos, arriesgaron que, una vez cumplido este paso, se podría el año que viene comenzar a aplicar el sistema «paulatinamente» mediante una readecuación presupuestaria.