El disputado provincial Mario Gustavo Vignali presentó un proyecto de ley sobre organización del sistema de control externo no jurisdiccional del sector público de la provincia de Buenos Aires proyecto de ley. En el texto sostiene lo siguiente:
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de
L E Y
“ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL EXTERNO  NO JURISDICCIONAL DEL SECTOR PUBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-  La presente ley establece y regula el sistema de control externo legislativo de gestión no jurisdiccional, del Sector Público Provincial.
Artículo 2.- El Sistema de Control Externo de gestión, no jurisdiccional del Sector Público Provincial corresponde a la Legislatura de la Provincia en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, con el objeto de institucionalizar la revisión del estado de la hacienda  y de la inversión de los fondos correspondientes al presupuesto votado para cada ejercicio, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 3.- El control externo se aplicará a:
a) Todo el Sector Público Provincial,  conforme a lo dispuesto por el artículo 8° de la ley 13767 y  modificatorias.
b) Las entidades privadas adjudicatarias de procesos de privatización, en cuanto a las
obligaciones emergentes de los respectivos contratos.
c) Las Entidades privadas, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, a las que se le asignen la
administración de fondos públicos.

TITULO II
DE LA COMISION BICAMERAL REVISORA DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION
Artículo 4.- Créase en el ámbito de la Legislatura Provincial una Comisión Bicameral Revisora de  Cuentas de la Administración (CBRCA), la cual estará integrada por ocho (8) Senadores y ocho (8) Diputados de la Provincia, con igual número de suplentes, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenecen, los que serán elegidos y designados de la forma prevista para los miembros de las comisiones permanentes.
Artículo 5.-  Anualmente la Comisión elegirá de su seno un Presidente, a propuesta del Bloque de la oposición con mayor número de legisladores en la Legislatura , un Vicepresidente y un Secretario, los que podrán ser reelectos.
Hasta tanto se produzcan estas designaciones  ejercerán dichos cargos aquellos  legisladores designados en el período anterior.
Artículo 6.- Las reuniones de la Comisión serán públicas, previa convocatoria realizada  por quien ejerza la presidencia de la misma. Deberá reunirse, al menos una vez por semana y para sesionar requerirán  un quórum de mayoría simple. Transcurrida una hora de la convocatoria, el quórum quedará constituido con la presencia de al menos cuatro de sus miembros, pudiendo considerar y despachar  los asuntos consignados en el orden del día. Los miembros de la Comisión no podrán abstenerse de la votación. Los despachos emitidos sobre los asuntos considerados deberán ser debidamente fundados,  los que serán aprobados con la mayoría absoluta de los presentes. Si las opiniones de los miembros se encontraren divididas, la o las minorías podrán emitir despacho en tal condición.
Los dictámenes y resoluciones de la CBRCA tendrán carácter público, disponiendo de los medios adecuados para su más amplia difusión.
Artículo 7.- La Comisión Bicameral contará con el personal administrativo y técnico que establezca su presupuesto  general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras prevén para sus comisiones permanentes y especiales.
Artículo 8.- Para el desempeño de sus funciones la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas de la Administración, deberá:
a) Elaborar en conjunto con el Colegio de Auditores de la Auditoria General de la Provincia de Buenos Aires el plan estratégico institucional de control externo;
b) Aprobar conjuntamente con las Comisiones de Presupuesto (elimino Hacienda ya que si bien en el Senado se denomina de esa manera, no en Diputados que es de Presupuesto e impuestos) de ambas Cámaras el Programa de Acción Anual de control externo a desarrollar por la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires, y el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de la Provincia.
c) Encomendar a la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires la realización de trabajos de auditoría o estudios especiales no contemplados en el programa de acción anual, con relación a la gestión del ejercicio vigente.
d) Incorporar proyectos de auditoría al programa de acción anual cuando razones de interés público lo aconsejen.
e) Requerir a la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires toda la información que estime oportuna sobre los informes en tratamiento en la comisión.
f) Examinar y emitir dictamen sobre los informes elaborados por la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires en cumplimiento de su Programa de Acción Anual. Todos los informes deberán ser considerados por la Comisión de acuerdo al orden de entrada y dentro de los treinta días de su ingreso, dicho orden podrá ser alterado cuando por razones de interés público lo considere la comisión o lo recomiende la AGPBA. La comisión contará en todos los casos con el asesoramiento y la presencia de la AGPBA, pudiendo requerir mayor información.
g) La Comisión podrá requerir la presencia de funcionarios de los organismos auditados y exigirles un Plan de Regularización de las observaciones críticas contenidas en los informes de auditoría. El plan de regularización será aprobado por la Comisión con la opinión previa de la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires. (coloco nombre completo ya que la sigla no fue antes utilizada ni referida)
h) Examinar y emitir dictamen  del informe de la Cuenta General del Ejercicio elaborado por la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires, que como rendición de cuentas contempla el Artículo 100 de la ley 13.767 y sus modificatorias, y ponerla a consideración de la legislatura con anterioridad al día 31 de julio de cada año.
i) Analizar los informes periódicos de ejecución del Programa de Acción Anual elaborados en forma trimestral por la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires;
j) Analizar la memoria anual de  la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 9.- La Comisión Bicameral dictará su propio reglamento de acuerdo con lo establecido en las disposiciones de la presente ley. Hasta la aprobación del mismo se aplicará el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, el que se seguirá utilizando en forma supletoria una vez dictado el mismo para aquellas cuestiones no contempladas en aquel.

TITULO III
DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Capítulo I
Naturaleza Jurídica. Competencia. Patrimonio y Presupuesto.
Artículo 10.- Créase la AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (AGPBA), dependiente de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,  como órgano de control de gestión, no jurisdiccional, del sector Público Provincial. La relación funcional de la AGPBA con ambas Cámaras será, a través de la Comisión Bicameral Revisora de  Cuentas de la Administración (CBRCA).
Artículo 11.- La Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires es el organismo de asistencia técnica a la función de control externo del Sector Público Provincial asignado a la Legislatura; emite informes de gestión y auditoría en sus aspectos patrimoniales, económicos financieros  y operativos.
Cuenta con  personería jurídica propia y autonomía administrativa, financiera y funcional, resuelve asimismo su organización interna y de funcionamiento.
En el ejercicio de sus funciones técnicas no recibe directivas y/o instrucciones externas de autoridad alguna.
Artículo 12.- El patrimonio de la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires está constituido por todos los bienes que se le asignen, transfieran o adquieran por cualquier causa jurídica. La AGPBA , en función de asegurar su independencia económica, administrativa y financiera,  elabora y ejecuta su presupuesto anual por el monto que garantice el cumplimiento de sus objetivos institucionales, el cual será financiado en forma proporcional por el  presupuesto de ambas cámaras. La AGPBA tiene libre disponibilidad de los créditos presupuestarios asignados,
Cuando la recaudación de los recursos propios supere el cálculo estimado  o existan saldos por economías por no inversión de créditos presupuestarios correspondientes  a ejercicios anteriores, la AGPBA podrá disponer la ampliación del presupuesto del ejercicio vigente. En el mismo acto en  que se aprueben modificaciones presupuestarias deberá disponerse la comunicación a la CBRCA para su conocimiento.

Capítulo II
Funciones y Facultades
Artículo 13.- Antes del 31 de agosto de cada año la AGPBA pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas de la Administración, el Programa de Acción Anual de Control Externo.
El Colegio de Auditores regulado en la presente ley  podrá incorporar proyectos de auditoría durante la ejecución del programa de acción anual, cuando razones de interés público lo aconsejen, como así también servicios de auditoría solicitados por organismos provinciales o de otras jurisdicciones no incluidas en el programa anual, cuya financiación sea solventada por los requirentes.
Cuando contingencias propias de la ejecución del programa lo ameriten, el Colegio de Auditores podrá disponer la baja de proyectos contenidos en el mismo.  Las modificaciones, a que se refiere el presente artículo, serán inmediatamente comunicadas a la Comisión Bicameral Revisora Cuentas de la Administración (CBRCA).
Artículo 14.- La Auditoría General de la  Provincia de Buenos Aires tiene las siguientes funciones
a) Realizar auditorías financieras, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como la evaluación de programas, prAuditar  unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito.
c) Examinar y emitir opinión sobre la gestión del Poder Ejecutivo, sobre la base de la información que a tal efecto contenga   la cuenta general del ejercicio,  que para cada año, presenta dentro de los tres primeros meses de las sesiones ordinarias la Contaduría General de la Provincia de acuerdo a lo prescripto en el artículo 100 de la ley 13767 y sus modificatorias. La comisión bicameral revisora de cuentas de la Administración, reglamentará el alcance de ésta auditoría;
d) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios para formarse opinión sobre la situación del   endeudamiento Provincial;
e) Auditar y emitir opinión sobre  el grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado, fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Provincial y cualquier otra forma de organización estatal;
f) Controlar la recaudación de ingresos públicos y efectuar exámenes para evaluar el estado de desarrollo y grado de eficiencia de los sistemas de recaudación y fiscalización tributaria. Los profesionales que integren los equipos de auditoría con referencia a este apartado, deberán ser de planta permanente y suscribir una declaración jurada de confidencialidad y reserva del conocimiento adquirido con relación a las características y actividades de los contribuyentes, cuyo contenido reglamentará la AGPBA, no siendo oponible ante los mismos el secreto fiscal.
g) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o por indicación de las Cámaras de la Legislatura o de la Comisión Bicameral  Revisora de Cuentas de la Administración.
Artículo 15.- Entre las  facultades de la  Auditoría General de la  Provincia de Buenos Aires  (AGPBA), se encuentran las de:
a) Requerir de los organismos descriptos en el artículo 3° de la presente ley, datos, documentos, antecedentes, informes o cualquier otro elemento relacionado con el ejercicio de sus funciones. Los agentes y/o Funcionarios de dichos organismos deberán remitir la documentación solicitada, dentro del plazo que fije la AGPBA , considerándose falta grave su incumplimiento, circunstancia que facultará a dicho Organismo a iniciar las diligencias o medidas cautelares pertinentes, por ante  los juzgados con competencia en lo Contencioso Administrativo
b) Celebrar convenios y acuerdos de gestión con organismos públicos de control interno y externo, municipales, provinciales, nacionales e internacionales, a los fines de establecer y coordinar mecanismos de control y auditoría sobre los sujetos comprendidos en el ámbito de su competencia;
c) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con sus funciones;
d) Participar y formar parte de organizaciones interprovinciales, nacionales e internacionales vinculadas a la fiscalización y control del sector público;

Capítulo III
Autoridades
Artículo 16.- La Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires estará integrada por cinco (5) miembros con el cargo de Auditores Generales, los que conforman el Colegio de Auditores Generales.
Artículo 17.- Es condición para ser Auditor General poseer nacionalidad argentina, con título universitario en Ciencias Económicas o en Derecho, y contar con  experiencia no menor a cinco años en funciones vinculadas con administración financiera del Sector Público o de Control.
Artículo 18.- El presidente del Organismo será uno de sus miembros designado  como tal por resolución conjunta de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores sumando los de ambas Cámaras.
Tendrá estabilidad en su mandato, que sólo cesará, cuando el partido que lo propuso dejase de reunir el número de legisladores necesarios para contar con la representatividad requerida en este artículo.
Artículo 19.- Los restantes Auditores Generales serán designados dos (2) por   la Cámara de Senadores y dos (2) a la Cámara de Diputados, observando que el partido al que pertenece el presidente mantenga la mayoría en el Colegio de auditores. Durarán en el cargo ocho años y podrán ser reelegidos. En el caso de pérdida de representatividad, se producirá el cese de los auditores del mismo partido del presidente saliente, a fin de recomponer la nueva mayoría.
Artículo 20.- Previo a la designación de los Auditores Generales que habrán de integrar el Colegio, los ciudadanos propuestos deberán poner a disposición de los Presidentes de ambas Cámaras, declaración jurada con los alcances establecidos en el artículo 6 de la ley 25.188 (ley de Ética de la Función Pública ), a la que deberán incorporar la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios profesionales a los que perteneció o pertenece, la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho (8) años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes y, en general, cualquier tipo de vínculo que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, padres o hijos, con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
Artículo 21.- No podrán ser designados Auditores Generales de la AGPBA quienes:
a) Se encuentren inhibidos, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o condenas en sede penal;
b) Quienes, dentro de los cuatro (4) años previos, hubiesen desempeñado el cargo de: Gobernador de la Provincia, Ministro, Secretario o Subsecretario del Poder Ejecutivo Provincial, presidente, director, o miembro de alguno los órganos bajo el control de la AGPBA;
c) Quienes hayan participado activamente en la planificación o ejecución del desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos dentro de los ocho (8) años anteriores a su postulación;
d) Quienes se hubieren desempeñado como jueces, dentro de los cuatro (4) años anteriores a su postulación.
e) Los legisladores provinciales con mandato vigente, aún en los casos de mandatos cumplidos  en los supuestos a que se refiere el artículo 89 de la Constitución de la Provincia.
El cargo de Auditor General es incompatible con el ejercicio de la profesión, de cargos partidarios y/o funciones en la administración nacional, provincial o municipal, cualquiera fuera su forma de designación, rentado o no, con excepción de la docencia.
Artículo 22.- – El Presidente como el resto de los Auditores Generales podrán ser removidos en caso de inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes, por los procedimientos establecidos para su designación.
La remuneración del Presidente y Auditores Generales será la que perciba el Secretario  Legislativo de la Cámara de Diputados.
Artículo 23.- – El control de las actividades de la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires, estará a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma en que ésta lo establezca.

Capítulo IV
Colegio de Auditores. Atribuciones
Artículo 24.- Son atribuciones y deberes de los Auditores Generales reunidos en Colegio:
a) Aprobar el Programa de Acción Anual y el presupuesto de la AGPBA;
b) Elaborar y modificar la estructura orgánica  y los manuales de misiones y funciones.  Efectuar las designaciones de su personal jerárquico, atribuir facultades y responsabilidades, así  como la delegación de autoridad;
c) Designar el personal de forma tal de lograr   una equilibrada composición interdisciplinaria que
permita la realización de auditorías y la evaluación integral de la gestión pública;
d) Intervenir en las paritarias y suscribir convenios colectivos de trabajo;
e) Dictar las normas básicas de funcionamiento interno;
f) Establecer los criterios y normas de auditoría externa a ser utilizadas por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas, deberán atender a un modelo de control y auditoría externa integrada, que abarque los aspectos financieros, economía, eficiencia y eficacia.
g) Fijar las remuneraciones del personal del  Organismo;
h) Aprobar los informes de auditoría;
i) Disponer, mediante resolución fundada, la reserva total o parcial de los informes cuya publicidad pueda afectar el debido proceso de los sumarios o acciones judiciales o puedan afectar intereses de la Provincia.
j) Licitar, adjudicar, adquirir suministros, contratar servicios profesionales, vender, permutar, transferir, locar y disponer respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento de la entidad, pudiendo aceptar donaciones con o sin cargo;
k) Aprobar la Programación anual de la ejecución presupuestaria;
l) Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para el funcionamiento del organismo;
m) Aprobar el reglamento de funcionamiento del Colegio de Auditores, el que deberá establecer que las resoluciones se tomarán por simple  mayoría, conformando el quórum  con tres de sus miembros presentes. Igual número se requerirá para la convocatoria a reunión en el caso de falta de convocatoria por parte del Presidente;
n) En general, resolver todo asunto y realizar todo acto, contrato u operación concerniente al régimen administrativo del organismo o vinculado con la aplicación de la presente ley.
Artículo 25.- Sin perjuicio de las funciones que le competen como integrante del Colegio de Auditores Generales, el Presidente tendrá a su cargo:
a) Representar a la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires;
b) Convocar y presidir las reuniones del Colegio de Auditores;
c) Difundir las resoluciones del Colegio de Auditores Generales, aprobatorias de auditorías o informes especiales;
d) Ejecutar las decisiones de administración del Colegio de Auditores;
e) Elaborar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos y ponerlo a consideración del Colegio de Auditores;
f) Elaborar la programación de la ejecución presupuestaria para el ejercicio y ponerla a
consideración del Colegio de Auditores dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley de presupuesto;
g) Comunicar  al Organo Rector del Subsistema de Presupuesto, previsto en la ley de Administración Financiera,  la Programación de la ejecución presupuestaria aprobada por el Colegio de Auditores;
h) Elaborar el Programa de Acción Anual y ponerlo a consideración del Colegio de Auditores;
i) Realizar las comunicaciones de los informes de auditoría;
j) Emitir disposiciones de acuerdo a la reglamentación interna del organismo;
k) Elaborar la memoria anual del organismo;
l) Delegar su representación en los Auditores Generales o funcionarios que estime pertinente, en actividades a desarrollar en el país o en el extranjero;
m) Establecer  ante impedimento de su titular, el orden de sustitución para el ejercicio de la Presidencia , que deberá ser integrado por Auditores Generales, quienes al ejercer tal cargo lo harán en el carácter de Presidente Provisional;
n) Elaborar informes trimestrales sobre la ejecución del programa de acción anual, los que deberán contener  un estado de avance de los proyectos en ejecución y una síntesis de los proyectos aprobados en el trimestre.
Artículo 26.- Con anterioridad al 15 de mayo de cada año se presentará por ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas de la Administración ,  la memoria correspondiente al ejercicio anterior, la que se preparará de acuerdo con las técnicas que permitan conocer en forma sintética los resultados de los informes de auditoría, las denuncias realizadas, los avances técnicos institucionales y la participación u organización de eventos tendientes a enriquecer el conocimiento científico y técnico. Al memorial deberá adjuntarse un mensaje que describa la situación general de la administración del Sector Público Provincial, que tendrá como antecedente los resultados que surgen de los informes.

TITULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 27- La  AGPBA dictará su propio reglamento de acuerdo con lo establecido en  las disposiciones de la presente ley. Para aquellas cuestiones no contempladas en el mismo será de aplicación supletoria el Reglamento de la Honorable  Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 28-  Sustituyese el articulo 3° de la ley 13.767 por el siguiente:
“Art.3°.- El sistema de control estará a cargo de la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia, el Tribunal de Cuentas de la Provincia y la Auditoría General de la Provincia”
Artículo 29- La Presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 30-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS
En la elaboración del proyecto se tuvieron en cuenta aspectos orientados a desarrollar un concepto del control público, en el marco de un estado con  una organización democrática de gobierno. En tal sentido, podemos decir que lo fundamental es reconocer  que es una función a desarrollar como parte del ejercicio del poder.
No podemos dejar de señalar la trascendencia de este tema, el concepto surge de la esencia misma del sistema democrático de gobierno, al haber sido concebido como uno de los derechos fundamentales del ciudadano en el artículo 14 de la declaración de derechos de 1789, que expresa “todos los ciudadanos tienen el derecho de constatar por si mismo o sus representantes, la necesidad de la contribución pública, consentirla libremente, de seguir su empleo y reparto y determinar su disponibilidad su recaudación y su dirección.”
No nos queda duda entonces, de que el control es un derecho del pueblo y como tal, sus representantes, deben ejercerlo para garantizar al  ciudadano   el correcto empleo de los recursos del estado en orden a la legalidad, la eficiencia, la eficacia y la economía con que deben actuar los funcionarios.
Es de destacar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, contempla en el capítulo VII  artículo 159 al tribunal de cuentas de la provincia, con atribuciones para aprobar o desaprobar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas tanto provinciales como municipales, y para el caso de no contar con su aprobación deberá indicar  los responsables y señalar  las  causas y  los montos comprometidos.

“Del Tribunal de Cuentas”
Artículo 159.- La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Este se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación.
Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones:
1- Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos.
2- Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.
Las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal corresponderán al Fiscal de Estado.
La ley orgánica que la Constitución manda a sancionar a la Legislatura, es la 10.869, que rige su funcionamiento, denota claramente su condición de organismo con funciones jurisdiccionales, propias de un ente con las características que los constituyentes tuvieron la intención de dotarlo, de manera tal de asegurarle a los legisladores la correcta ejecución del presupuesto de gastos, esto quiere decir, brindarles garantías objetivas que los créditos presupuestarios fueron aplicados dentro de los límites cuantitativos y cualitativos previstos en el presupuesto y las transacciones efectuadas para su ejecución, se realizaron en cumplimientos de las leyes que reglamentan el proceso de contrataciones del estado respetándose las competencia de los funcionarios intervinientes, de manera tal de comprobar la legitimidad, y en su caso efectuar los cargos que pudieran corresponder.
No nos cabe duda de la trascendencia de las tareas que desarrolla el Tribunal de Cuentas de la Provincia, en cuanto a asegurar la obligación de los funcionarios, que tienen a su cargo el manejo de los fondos públicos, la rendición de cuentas documentada de todos los actos administrativos que surgen como resultado de las transacciones que se derivan gastos o recursos y es en este sentido que su función deviene como un acto de delegación del pueblo de la provincia, para brindarle a este o a sus representantes las garantías objetivas de una correcta utilización de los fondos públicos, y para el caso de no ser así se arbitren los mecanismos para que se materialice la responsabilidad de los funcionarios, pudiendo llegar al extremo de la intervención de la justicia ordinaria.
Es sabido, que la correcta y honesta utilización de los fondos públicos solo puede ser materia de competencia jurisdiccional y por lo tanto propia del Poder Judicial, y así lo ha entendido el legislador al posibilitar recurrir en apelación a los tribunales ordinarios los fallos del Tribunal de Cuentas, y al reservar a la legislatura la posibilidad de evaluar la responsabilidad política de la gestión del poder administrador al señalar expresamente en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal, que el estudio de la cuenta no puede ir más allá, que el control de la legalidad de los actos administrativos, dado que   no podrá opinar sobre cuestiones de oportunidad, conveniencia o eficacia de los actos que dieron origen a esas transacciones.
Articulo 42°: “El estudio de la cuenta no podrá recaer sobre cuestiones de oportunidad, conveniencia y eficacia de los actos que le dieron origen, pronunciándose sobre la legalidad de la misma”
El artículo 144 inciso 16 de la Constitución provincial nos señala con precisión esta diferencia al establecer el derecho y el deber, de los representantes del pueblo, de conocer lo efectuado por el  Poder Ejecutivo, posibilitando al legislador mantener un mecanismo de intervención para el ejercicio del control, por parte de aquellos, exigiendo a ese poder la obligación de dar “cuenta a las cámaras legislativas del estado de la hacienda y de la inversión de los fondos votados para el ejercicio precedente y remitirle antes del 31 de agosto los proyectos de presupuesto de la administración y las leyes de recursos”.
En este artículo queda claramente esbozado el concepto del presupuesto público de mandato y límite, convirtiéndose en un instrumento de carácter institucional que hace al sistema democrático, posibilitando la conexión de los poderes Legislativo y Ejecutivo convirtiéndose en un mandato de hacer, que este ultimo tiene la atribución constitucional de ejecutar y la obligación de hacerlo, y por tal razón al promulgarlo surge de inmediato su responsabilidad política de su cumplimiento y de rendir cuenta de su gestión ante sus mandantes, los representantes del pueblo.
No queda duda que ejercer el control de la gestión del poder ejecutivo por parte del órgano deliberativo, es parte del ejercicio del poder y por tanto es indelegable, y el cumplimiento del mandato popular se lo exige.
La ley 13.767  que “establece y regula la administración financiera y el sistema de control de la administración general del estado provincial” en su artículo tercero establece que “el sistema del control  estará a cargo de la Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de la Provincia” y en el Titulo VI – del sistema de control desarrolla tres artículos que definen este concepto y los organismos que lo ejercen con sus respectivas competencias.

TITULO VI
EL SISTEMA DE CONTROL
Artículo 101.- el modelo de control a aplicar deberá ser integral e integrado, abarcar aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.
Artículo 102.- la Fiscalía de Estado tendrá a su cargo el control de legalidad de los actos administrativos, conforme a lo dispuesto en la constitución de la provincia de buenos aires y en su respectiva ley orgánica.
Las competencias y facultades del tribunal de cuentas de la provincia, se regirán conforme a lo dispuesto en la constitución de la provincia de buenos aires y en su respectiva ley orgánica.
Articulo 103.- la Contaduría General de la Provincia ejercerá el control interno de la gestión económico- financiera del sector público provincial y de los poderes legislativo y judicial.
De la lectura del artículo 101 se deduce una clara intencionalidad  del legislador de dotar a la administración del estado provincial de un sistema de control que comprenda los aspectos vinculados con la legalidad de los actos administrativos y la evaluación de la gestión política del Poder Ejecutivo, al señalar la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundados en criterios de economía eficiencia y eficacia, temas estos que se vinculan íntimamente con la posibilidad de comparar la gestión de gobierno con relación a metas y objetivos medidos en términos físicos que responde a una valoración subjetiva de la gestión, que tiene un carácter distinto con respecto al control de legalidad que hace a la competencia asignada a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría de la Provincia, en el marco de sus respectivas competencias.
El único órgano del sistema democrático con facultades de realizar un control de mérito de la gestión del Poder Ejecutivo es el órgano volitivo de la hacienda, es decir, la Legislatura Provincial, y por lo tanto de imponer responsabilidades políticas por faltas en el  cumplimiento del mandato otorgado a través de la ley de presupuesto.
La ley de administración financiera, contempla esta circunstancia, y en el artículo 100.- nos dice, “La rendición de cuentas a la legislatura se presentará dentro de los tres (3) primeros meses de las sesiones ordinarias. La cuenta general del ejercicio contendrá como mínimo:
a) Los estados de ejecución del presupuesto, a la fecha de cierre de ejercicio, incluyendo:
1- con relación a los créditos: el monto original, modificaciones introducidas, el crédito definitivo al cierre del ejercicio, compromisos contraídos, compromisos devengados, saldos no utilizados y devengados incluidos en órdenes de pago y residuos pasivos.
2- con relación a los recursos: montos calculados y montos recaudados; diferencia entre lo calculado y lo recaudado.
3- forma en que fueron aplicados los recursos respecto del destino para el que fueron previstos, detallando el monto de las afectaciones especiales con respecto a cada cuenta de ingreso.
4- el estado actualizado a la fecha de cierre de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta.
5- con relación a la situación financiera: cuenta de resultados de la administración central y de cada una de las entidades y el resultado consolidado de la administración pública provincial.
6- los estados que muestren los movimientos y situación del tesoro, con indicación de los valores activos, pasivos y el saldo.
7- situación de bienes del estado, con indicación de las existencias al inicio del ejercicio, las variaciones producidas durante el mismo como resultado de la ejecución del presupuesto o por otros conceptos y las existencias al cierre.
b) contendrá además información y comentarios sobre:
1- grado de cumplimiento de los objetivos y metas, previstos en el presupuesto.
2- el comportamiento de la ejecución del presupuesto en términos de economía, eficiencia y eficacia.
Se debe entender que las disposiciones constitucionales que se mencionaron y las previsiones de la ley 13.767, dejan en claro la obligación, de que la Legislatura provincial diga algo con respecto a la ejecución del presupuesto y que si bien es cierto,  la actuación de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas, son  garantía de que los actos administrativos han cumplido con las formalidades establecidas en la ley, que aseguren la correcta utilización de los créditos presupuestarios, no es menos cierto sobre la necesidad de ejercer un control de mérito de la gestión que le asegure al ciudadano el desarrollo de procesos de gestión, que garanticen un buen gobierno.
Por tal razón es necesario dotar a la Legislatura de un órgano técnico que le permita contar con elementos objetivos para su formación de opinión para evaluar la gestión del Poder Ejecutivo en cuanto a la eficiencia, eficacia y economía con la que desarrolló la producción pública.
No podemos dejar de mencionar el debate que se produjera con motivo de la sanción de la ley 24.156 en el orden nacional al crearse la Auditoría General de la Nación,  que derogó la ley de creación del Tribunal de Cuentas de la Nación, y privó al gobierno federal de la posibilidad de contar con la experiencia y trayectoria en un formato de control con una tradición histórica en las instituciones nacionales.En esa oportunidad se enfrentó a los sistemas de control “jurisdiccional” y “por auditorías” como antagónicos cuando en realidad la experiencia internacional y Nacional ha demostrado que son compatibles. No podemos negar que los niveles de participación del estado en la vida de los ciudadanos, hace a la necesidad de ejercer nuevos mecanismos de control que le permita a este, asegurar no solo el correcto empleo de los fondos, sino que la gestión ejecutiva se desarrolle en términos de resultados, que puedan ser medidos en unidades físicas, y que además se compruebe el impacto del gasto en función de las políticas impulsadas desde el gobierno para dar satisfacción a las necesidades de la población.
Entendemos, que en el orden nacional al suprimir al tribunal de cuentas, se privó a la administración de un mecanismo de control prejudicial que posibilita contar con un adecuado mecanismos que determinen los actos que merecen ser tratados por la justicia,   el nuevo enfoque que se propone, consiste esencialmente en posibilitarle al legislador el  ejercicio de una función que le es propia y que le son dadas por la Constitución Provincial en su condición de mandantes en representación del pueblo,  de la inversión de los dineros públicos que se plasman en el presupuesto,  por  que además es tarea  a ejercer por los legisladores como funciones administrativas,  y no ejercerla es una falta a las responsabilidades que le son propias.
La incorporación  de este procedimiento para el ejercicio del control por parte de la Legislatura provincial, tiene la intención de jerarquizar la acción controladora de los representantes del pueblo, esta iniciativa viene a complementar las atribuciones de intervención directa del legislador en materia de control presupuestario que hasta hoy solo la ejerce preventivamente cuando por el artículo 103 de la Constitución Provincial se señala como atribución del poder  legislativo en sus incisos 1 y 2 la de establecer las leyes impositivas y  fijar anualmente el cálculo de recursos y presupuesto de gastos, en forma concomitante a través del requerimiento de informes por escrito o interpelación (artículo 92) o formación de comisiones investigadoras, queda entonces reglamentar el control de gestión por parte de los legisladores, propósito de este proyecto.
Esta jerarquización se manifiesta al hacer una clara e incuestionable asignación de atribuciones del control externo no jurisdiccional, al órgano volitivo de la hacienda en el marco del reparto del poder que impone dicha norma, permitiendo establecer un circuito unívoco entre la facultad de aprobar el presupuesto, controlar su ejecución y de revisión de la cuenta de inversión que posibilite una completa rendición de cuentas de poder a poder, como así también tomar conocimiento sobre el cumplimiento de los programas del estado y su impacto, de manera de corregir las políticas públicas para asegurar un buen empleo de los recursos del estado y correlativamente le brinde a los ciudadanos un derecho esencial,  como es el de una eficiente y transparente gestión de gobierno.
Para posibilitar el ejercicio de esta función, se propone la creación de un órgano de asistencia técnica dependiente de la Legislatura, la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires, y  sus informes resultarán el sustento para la elaboración de sus exámenes y formación de opinión del Poder Legislativo.
La aceptación conceptual que la función de control es ejercicio del poder, es clave para entender la naturaleza del órgano de control, que se propone, desde el momento en que sus atribuciones y competencias estarán al servicio de cumplimiento de esa función.
Elaborar un proyecto que enfoque la problemática integral del control público no puede dejar de contemplar las definiciones  de competencias y funciones que permitan la interrelación sistémica de órganos e institutos que resultan esenciales para  el cumplimiento de la función.
En este sentido entendemos que la norma debe abarcar los siguientes temas:
a) En la Auditoría General de la Provincia de Buenos Aires: en el entendimiento que es función esencial a desarrollar por la Legislatura de la Provincia, el ejercicio del control de gestión no jurisdiccional del accionar del Poder Ejecutivo, en el cumplimiento de su atribución constitucional de administrador de la hacienda del estado, es necesario dotar al cuerpo de un Organo de asistencia,  que permita, a través de sus informes y dictámenes, sustentar, objetivamente, la opinión del legislador, generando un verdadero sistema de información para la toma de decisiones.  Como órgano de control externo y de asistencia técnica a la Legislatura, la AGPBA,  debe contar con la autonomía administrativa y financiera que permita un desarrollo independiente y profesional, como así también, de autonomía funcional, es decir, sin ningún vínculo  en su gestión de dependencia o relación con el Poder Ejecutivo, de manera tal de marcar con toda claridad, su condición de órgano de control externo independiente.
b) Con relación a los agentes delegados: los funcionarios que actúan por delegación del  pueblo, deben rendir cuentas, circunstancia esta también considerada en la declaración de derechos al expresar en su artículo 15 “la sociedad tiene derecho a pedir cuenta de su gestión a todo agente público” y este concepto lo tenemos que referir,  tanto para quienes desempeñen tareas relacionadas con la ejecución del presupuesto del estado, como para aquellos que tienen a su cargo funciones de gestión operativas. Los primeros, llamados por la doctrina cuentadantes, deben rendir cuenta documentada de su gestión de manera tal de asegurar el buen uso de los fondos, esta tarea está claramente delegada por la Constitución de la Provincia al Tribunal de Cuentas (art. 159) y reglamentada por la Legislatura por ley 10.869,  y los segundos, tienen que  ofrecer a la Legislatura de la Provincia las explicaciones de los desvíos en el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el presupuesto, de manera tal que la propia Legislatura pueda decidir y revisar la políticas públicas.
c) En la Legislatura Provincial : al asignar la función de control de gestión o de mérito al Poder Legislativo, es éste quien debe ejercerla, para lo cual sustentará su opinión el los dictámenes de la AGPBA , y es necesario considerar  que su desempeño  tiene características distintas a las típicas legislativas, dado que, hacer que el control tenga efectos, requiere de una dedicación especial, interviniendo con la celeridad con que deben ser estudiados y dictaminados los informes del órgano de asistencia técnica. Poco importaría una eficiente tarea del órgano asistente, si no se implementa un riguroso procedimiento, en el seno de una Comisión Bicameral, que le dé la posibilidad a la Legislatura de informarse e intervenir oportunamente.  Esta Comisión Bicameral Revisora de Cuentas de la Administración , deberá organizar sus funciones de manera que posibilite la conclusión del proceso de control, si se pretende el éxito del sistema y fundamentalmente si se tiene voluntad política de ejercer la función, es necesaria dotarla de un funcionamiento periódico que posibilite la toma de decisiones en forma oportuna.
Es en este sentido que el proyecto intenta completar un sistema integral de control externo incorporando la participación activa del legislador en su función de control con la sana intención de dotar a la Provincia de un marco de transparencia a la gestión gubernamental, sobre la base esencial del compromiso que los legisladores asumen con el pueblo en cuanto a garantizar, el correcto y eficiente empleo de los recursos públicos.